DISCURSO DEL
SANTO PADRE FRANCISCO
EN LA CUMBRE DE JUECES PANAMERICANOS
SOBRE DERECHOS SOCIALES Y DOCTRINA FRANCISCANA
EN LA CUMBRE DE JUECES PANAMERICANOS
SOBRE DERECHOS SOCIALES Y DOCTRINA FRANCISCANA
Casina Pío IV
Martes, 4 de junio de 2019
Martes, 4 de junio de 2019
Señoras y señores, es motivo de alegría
y también de esperanza encontrarlos en esta Cumbre donde se han dado una cita
que no se limita solamente a ustedes, sino que evoca la labor que realizan
mancomunadamente con abogados, asesores, fiscales, defensores, funcionarios, y
evoca también a vuestros pueblos con el deseo y la búsqueda sincera para garantizar
que la justicia, y especialmente la justicia social, pueda llegar a todos.
Vuestra misión, noble y pesada, pide consagrarse al servicio de la justicia y
del bien común con el llamado constante a que los derechos de las personas y
especialmente de los más vulnerables sean respetados y garantizados. De esta
manera, ustedes ayudan a que los Estados no renuncien a su más excelsa y
primaria función: hacerse cargo del bien común de su pueblo. «La experiencia
enseña que —señalaba Juan
XXIII— cuando
falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo económico, lo político
o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un
mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así
que los derechos y deberes de la persona humana carecen de toda eficacia
práctica» (Carta enc. Pacem in terris, 63).
Celebro esta iniciativa de reunirse, así como
la realizada el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, en la que más de 300
magistrados y funcionarios judiciales deliberaron sobre los Derechos sociales a
la luz de Evangelii gaudium, Laudato si’ y el discurso
a los Movimientos Populares en Santa Cruz de la Sierra. De allí salió
un conjunto interesante de vectores para el desarrollo de la misión que tienen
en manos. Esto nos recuerda la importancia y, por qué no, la necesidad de
encontrarse para afrontar los problemas de fondo que vuestras sociedades están
atravesando y, como sabemos, no pueden ser resueltos simplemente por acciones
aisladas o actos voluntarios de una persona o de un país, sino que reclama la
generación de una nueva atmósfera; es decir, una cultura marcada por liderazgos
compartidos y valientes que sepan involucrar a otras personas y otros grupos
hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos (cf. Exhort.
apost. Evangelii gaudium, 223)
capaces de abrir caminos a las generaciones actuales, y también a las futuras,
sembrando condiciones para superar las dinámicas de exclusión y segregación de
modo que la inequidad no tenga la última palabra (cf. Carta enc. Laudato si’, 53.164). Nuestros
pueblos reclaman este tipo de iniciativas que ayuden a dejar todo tipo de
actitud pasiva o espectadora como si la historia presente y futura tuviera que
ser determinada y contada por otros.
Nos toca vivir una etapa histórica de cambios
en donde se pone en juego el alma de nuestros pueblos. Un tiempo de crisis
―crisis: el carácter chino, riesgos, peligros y oportunidades; es ambivalente,
muy sabio esto― tiempo de crisis en la que se verifica una paradoja: por un
lado, un fenomenal desarrollo normativo, por otro un deterioro en el goce efectivo
de los derechos consagrados globalmente. Es como inicio de los nominalismos,
siempre empiezan así. Es más, cada vez, y con mayor frecuencia, las sociedades
adoptan formas anómicas de hecho, sobre todo en relación a las leyes que
regulan los Derechos sociales, y lo hacen con diversos argumentos. Esta anomia
está fundamentada por ejemplo en carencias presupuestarias, imposibilidad de
generalizar beneficios o el carácter programático más que operativo de los
mismos.
Me preocupa constatar que se levantan voces, especialmente de algunos
“doctrinarios”, que tratan de “explicar” que los Derechos sociales ya son
“viejos”, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras
sociedades. De este modo confirman políticas económicas y sociales que llevan a
nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la
indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas
detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro —y digo pies,
no zapatos, porque en muchos casos esas personas no tienen—, es también una
forma de generar violencia: silenciosa, pero violencia al fin. La normatividad
excesiva, nominalista, independentista, desemboca siempre en violencia.
«Hoy vivimos en inmensas ciudades que se
muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas. Ciudades —orgullosas de su
revolución tecnológica y digital— que ofrecen innumerables placeres y bienestar
para una minoría feliz... pero se les niega el techo a miles de vecinos y
hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama, elegantemente, “personas en
situación de calle”. Es curioso como en el mundo de las injusticias, abundan
los eufemismos» (Encuentro
Mundial de Movimientos Populares, 28 octubre 2014). Pareciera que las
Garantías Constitucionales y los Tratados internacionales ratificados, en la
práctica, no tienen valor universal.
La “injusticia social naturalizada” ―o sea
como algo natural― y, por tanto, invisibilizada que sólo recordamos o
reconocemos cuando “algunos hacen ruido en las calles” y son rápidamente
catalogados como peligrosos o molestos, termina por silenciar una historia de
postergaciones y olvidos. Permítanme decirlo, esto es uno de los grandes
obstáculos que encuentra el pacto social y que debilita el sistema democrático.
Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que
la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones
concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del
bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los
pobres (cf. Carta enc. Laudato si’, 158). Esto exige
los esfuerzos de las máximas autoridades, y por cierto del poder judicial, para
reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo.
No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la
inequidad.
Cuántas veces la igualdad nominal de muchas
de nuestras declaraciones y acciones no hace más que esconder y reproducir una
desigualdad real y subyacente y devela que se está ante un posible orden
ficcional. La economía de los papeles, la democracia adjetiva, y la multimedia
concentrada generan una burbuja que condiciona todas las miradas y opciones
desde el amanecer hasta la puesta del sol[1]. Orden ficcional que iguala en su virtualidad pero que, en lo concreto,
amplía y aumenta la lógica y las estructuras de la exclusión-expulsión porque
impide un contacto y compromiso real con el otro. Impide lo concreto, o hacerse
cargo de lo concreto.
No todos parten del mismo lugar a la hora de
pensar el orden social. Esto nos cuestiona y nos exige pensar nuevos caminos
para que la igualdad ante la ley no degenere en la propensión de la injusticia.
En un mundo de virtualidades, cambios y fragmentación ―estamos en la época de
lo virtual―, los Derechos sociales no pueden ser solamente exhortativos o
apelativos nominales, sino que han de ser faro y brújula para el camino porque
«la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el
ambiente y en la calidad de vida humana» (Carta enc. Laudato si’, 142).
Se nos pide lucidez de diagnóstico y
capacidad de decisión ante el conflicto, se nos pide no dejarnos dominar por la
inercia o por una actitud estéril como quienes lo miran, lo niegan o lo anulan
y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar
con sus vidas. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan
prisioneros, pierden horizontes y proyectan en las instituciones las propias
confusiones e insatisfacciones. La invitación es mirar de frente el conflicto,
sufrirlo y resolverlo transformándolo en el eslabón de un nuevo proceso (cf.
Exhort. apost. Evangelii gaudium, 227).
Asumiendo el conflicto queda claro que
nuestro compromiso es con nuestros hermanos para darle operatividad a los
Derechos sociales con el compromiso de buscar desarticular todos los argumentos
que atenten contra su concreción, y esto por medio de la aplicación o creación
de una legislación capaz de alzar a las personas en el reconocimiento de su
dignidad. Los vacíos legales, tanto de una legislación adecuada como de la
accesibilidad y el cumplimiento de la misma, ponen en marcha círculos viciosos
que privan a las personas y a las familias de las necesarias garantías para su
desarrollo y su bienestar. Estos vacíos son generadores de corrupción que
encuentran en el pobre y en el ambiente los primeros y principales afectados.
Sabemos que el derecho no es solamente la ley
o las normas, sino también una praxis que configura los vínculos, lo cual los
transforma, en cierto modo, en “hacedores” del derecho cada vez que se
confrontan con las personas y la realidad. Y esto invita a movilizar toda la
imaginación jurídica a fin de repensar las instituciones y hacer frente a las
nuevas realidades sociales que se están viviendo[2]. Es muy importante, en este sentido, que las personas que lleguen a los
escritorios de ustedes y a sus mesas de trabajo sientan que ustedes han llegado
antes a ellos, que ustedes han llegado primero, que ustedes los conocen y los
comprenden en su situación particular, pero especialmente reconociéndolos en su
plena ciudadanía y en su potencial ser agentes de cambio y transformación. No
perdamos nunca de vista que los sectores populares no son en primer lugar un
problema sino parte activa del rostro de nuestras comunidades y naciones, ellos
tienen todo el derecho a la participación en la búsqueda y construcción de
soluciones inclusivas. «El marco político e institucional no existe sólo para
evitar malas prácticas, sino también para alentar mejores prácticas, para
estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las
iniciativas personales y colectivas» (Carta enc. Laudato si’, 177).
Es importante estimular que, desde el inicio
de la formación profesional, los operadores jurídicos puedan hacerlo en contacto
real con las realidades a las que un día servirán, conociéndolas de primera
mano y comprendiendo las injusticias por las que un día tendrán que actuar.
También es necesario buscar todos los medios y mecanismos para que los jóvenes
provenientes de situaciones de exclusión o marginación puedan llegar ellos
mismos a capacitarse de manera que puedan tomar el protagonismo necesario.
Mucho se ha hablado por ellos, necesitamos también escucharlos y darles voz en
estos encuentros. Me viene a la memoria el leit motiv implícito
de todo paternalismo jurídico-social: todo para el pueblo pero nada con el
pueblo. Tales medidas nos permitirán instaurar una cultura del encuentro
«porque ni los conceptos ni las ideas se aman [...]. La entrega, la verdadera
entrega, surge del amor a hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y
comunidades... rostros, rostros y nombres que llenan el corazón» (II
Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de
la Sierra, 9 julio 2015).
Aprovecho esta oportunidad de reunirme con
ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención
exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de
procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además
de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado
para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación
sistemática de los Derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional
de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que
resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones
multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo pero el juicio previo
mediático lo conocemos todos.
Esto nos recuerda que, en no pocos casos, la
defensa o priorización de los Derechos sociales sobre otros tipos de intereses,
los llevará a ustedes a enfrentarse no sólo con un sistema injusto sino también
con un poderoso sistema comunicacional del poder, que distorsionará
frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda su honestidad y
también su probidad, incluso pueden hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y
erosiva en la que para vencer hay que mantener no sólo la fortaleza sino
también la creatividad y una adecuada elasticidad. ¡Cuántas veces los jueces y
juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio,
cuando no de la calumnia! Ciertamente, se requiere de una gran entereza para
poder sobrellevarlas.
«Felices los que son perseguidos por practicar la
justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos» (Mt 5,10),
decía Jesús. En este sentido, me alegra que uno de los objetivos de este
encuentro sea la conformación de un Comité Permanente Panamericano de Jueces y
Juezas por los Derechos sociales, que tenga entre sus objetivos superar la
soledad en la magistratura, brindando apoyo y asistencia recíproca para
revitalizar el ejercicio de su misión. La verdadera sabiduría no se consigue
con una mera acumulación de datos ―eso es enciclopedismo― una acumulación que
termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación ambiental, sino
con la reflexión, el diálogo, el encuentro generoso entre las personas, esa
confrontación adulta, sana que nos hace crecer a todos (cf. Carta enc. Laudato si’, 47).
En el 2015 les decía a los integrantes de los
Movimientos populares: Ustedes «tienen un rol esencial, no sólo exigiendo y
reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales:
creadores de trabajo, constructores de viviendas, productores de alimentos,
sobre todo para los descartados por el mercado mundial» (II
Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de
la Sierra, 9 julio 2015). Estimados magistrados: Ustedes tienen un rol
esencial; permítanme que les diga que ustedes también son poetas, son poetas
sociales cuando no tienen miedo «a ser protagonistas en la transformación del
sistema judicial basado en el valor, en la justicia y en la primacía de la
dignidad de la persona humana»[3] sobre cualquier otro tipo de interés o justificación.
Quisiera
terminar diciéndoles: «Felices los que tienen hambre y sed de justicia; felices
los que trabajan por la paz» (Mt 5,6.9). Muchas gracias.
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[1] Cf. Roberto Andrés Gallardo, Derechos sociales y doctrina
franciscana, 14.
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